El desarrollo urbano de las ciudades a lo largo de su historia desde la era industrial se ha caracterizado por avanzar más rápido de lo que hemos podido planearlo. Esto ha derivado en una problemática, más evidente en países del tercer mundo, en la que las urbes importantes crecen a pasos agigantados de una manera desordenada y caótica. Y no se limita a ser solamente un problema de infraestructura física. Los planes urbanísticos y de desarrollo para las grandes ciudades actualmente abarcan y consideran una amplia gama de disciplinas, que van desde la arquitectura urbana hasta la sociología, la ingeniería y los sistemas de información.
En el caso particular de Colombia, los documentos oficiales que determinan el desarrollo urbano y rural de las ciudades y de los municipios o pueblos pequeños es el Plan de Ordenamiento Territorial o POT. Estos consisten en directrices que establecen las políticas urbanas de desarrollo, uso del suelo, necesidad y programación de nueva infraestructura (equipamientos urbanos) y políticas de desarrollo físico de los municipios y ciudades.
Ahora bien, estos documentos en el papel se ven, en la mayoría de los casos, bien estructurados y aparentemente basados en estudios serios del territorio y de su potencial de desarrollo, pero, ¿son en la práctica útiles, eficientes y se aplican a cabalidad?
En un país como Colombia, donde buena parte de las leyes, o no se cumplen (sin que a mucha gente le importe), o son creadas amañadamente para favorecer intereses particulares, es claramente de esperarse que los POT no constituyan precisamente los mecanismos más eficaces de desarrollo urbano y territorial. Esto aplica, y es evidente, en los pequeños municipios y en las grandes ciudades. Para citar el ejemplo más representativo, Bogotá, capital del país y urbe con una densidad demográfica equivalente a casi ocho millones de habitantes, es una de las ciudades más caóticas y desordenadas del planeta. Ni hablar de los municipios pequeños. En la mayoría de ellos, el desgobierno, el abandono y la anarquía parecen ser las características relevantes.
Sin ahondar en las implicaciones sociales y medio ambientales, entre otras, de este lamentable hecho, es claro que el quehacer del arquitecto, la función básica de la arquitectura que es crear hábitats no solamente entendidos como lugares funcionales sino como generadores de bienestar y mejor calidad de vida para sus usuarios, queda relegada a solo ciertos casos puntuales y afortunados, pero está lejos de ser una regla general (como en realidad debería ser).
No nos sirve de nada tener excelentes profesionales en arquitectura, egresados de facultades de muy alto nivel, si la normatividad está viciada y es inoperante. Colombia está llena de muchos y excelentes ejemplos de arquitectura, pero, tristemente muy pocos de construcción de ciudad y los que existen, están aislados como ejemplos puntuales en medio de una urbe desarticulada y desordenada a merced del caos (y de los intereses particulares de los políticos de turno).
La arquitectura no es solamente edificios. La arquitectura, en su esencia, es construcción de hábitat aún a nivel colectivo y macro. El urbanismo (esa área de la arquitectura que se encarga de la planificación y el diseño de las ciudades a gran escala) y que, como mencioné antes, está inherentemente ligada a otras disciplinas como la sociología, la geografía y la ingeniería, incorpora dinámicas muy complejas que hacen parte de las determinantes que inciden directamente en la planificación de las ciudades y municipios. En este orden de ideas, la normatividad urbana, representada en Colombia en los POT municipales, debería ser algo para tomarse en serio por parte de las entidades del Estado, sin embargo, no es así.
La buena arquitectura queda entonces, relegada a ejemplos aislados, a intenciones muy interesantes de construir ciudad pero que se quedan en eso, en intenciones que en el mejor de los casos representan, como ya mencioné, muy buenos ejemplos de intervenciones urbanas de mediana escala pero que no constituyen una unidad en la ciudad en general. Sería muy interesante que se pudiera articular el quehacer arquitectónico (y el de las demás disciplinas implicadas) con una normatividad bien planteada, viable, coherente y desprovista de intereses oscuros.
